Carta escrita a la Vicepresidenta del Gobierno, Ma. Teresa Fdez. de la Vega

Distinguida y apreciada señora:

Como muchos ciudadanos, he seguido con atención el desgraciado caso de la niña Maria Luz Cortés, así como el periplo que está siguiendo su padre  para que se condene al juez, según él,  responsable de la muerte de su hija. Según él y según muchos.

Cuando veía a través de televisión al padre de la niña recorriendo nuestra geografía recogiendo firmas con tantos ánimos, con ilusión, confiando en la justicia, con su rostro sereno y su tono de voz amable, yo me decía: su rostro y su tono cambiaran cuando se tope con la “cara más fea” de la justicia, y esto, desgraciadamente, es lo que ha sucedido. Ahora vemos el rostro de la desesperanza, de la indignación, de la impotencia y de la frustración, aunque, como persona luchadora  siga  en el camino que se ha trazado. Me ha recordado a mí misma cuando hace unos quince años, empecé, como él, una recogida de firmas contra la injusticia judicial recibida por la muerte de mi único y querido hijo Arturo, víctima de una de las negligencias médicas más atroces cometidas en nuestro país como podrá ver en la información que le adjunto.

Durante mis años de lucha, mucho he escrito y muchas han sido las veces que he recurrido a políticos y personalidades del mundo de la judicatura, quienes me han atendido con respeto dándome, incluso, toda la razón. A usted todavía no me había dirigido porque ya lo había hecho a personalidades de su propio partido, pero, si en esta ocasión me he decidido a dirigirme a usted, es debido a unas declaraciones públicas suyas con respecto al caso de esta niña y en las que dice que, “parece haber sido un gravísimo, terrible y trágico error”, a la vez que insiste en que, “confiemos en la justicia porque el “Estado de Derecho” funciona bien”.

Señora de la Vega: el “Estado de Derecho”, no funciona bien; no funciona ni funcionará bien entretanto se permita a ciertos jueces dictar sentencias injustas a sabiendas que son injustas, lo cual quiere decir que no son fruto de errores involuntarios o, incluso, del sistema, sino que son fruto del partidismo más descarado y de personas de muy mala fe e, incluso, de muy malas personas, y le hablo a través de mi propia y amarga experiencia de muchos años. Años en los que he ido envejeciendo, enfermando y quedando arruinada, y como que los procesos judiciales todavía no han terminado después de más de diecinueve año de haberlos iniciado - actualmente nos lo tienen entretenido en el Supremo-, moriré sin llegar a ver el resultado final. Sin saber si mi hijo, al final, recibirá la justicia que se merece.
Desde el año 1989, a partir del momento en que los médicos del Hospital del Mar me comunicaron que mi hijo iba a morir y del porque iba a morir, empecé la andadura judicial contra los médicos que habían condenado irreversiblemente a muerte a mi hijo estando en plena juventud: los médicos Benjamín Guix Melcior y Enrique Rubio García.

Mi hijo, a los diecinueve años se le desarrolló un problema psicológico que él mismo se diagnosticó y él mismo se quiso tratar para que no fuera a más como nos dijo a su padre y a mí: una neurosis obsesiva, manías como se les llamaba antes; lavado de manos, alto sentido de la perfección, de la responsabilidad, de la limpieza… El problema del lavado de manos era el que más le preocupaba debido a su carrera de piano. Explicándolo muy brevemente porque, como puede ver, todo está explicado en el  último “TESTIMONIO” que he escrito y le adjunto, para solucionar su problema, en la “prestigiosa” Clínica DEXEUS, le vendieron el “tratamiento del futuro”: en una sola sesión de “rayos gamma” su problema estaría resuelto, lo peor que le podría pasar era que se quedara como estaba que fue lo único que acepto mi hijo: quedarse como estaba. El tratamiento tendría una duración de veinte a treinta minutos pudiendo regresar a casa de inmediato y seguir con su vida habitual. Los médicos insistieron en que “valía la pena probar” y mi hijo les creyó. Pero la realidad fue muy distinta: estuvo ingresado tres horas y cuarto dentro de las cuales dos horas y veinte minutos fueron destinadas a irradiarle el cerebro, radiación que, como diría la señora Fiscal en las vistas orales del juicio que se celebrarían siete años después de haber sido admitida a trámite la querella – esta ya fue la primera injusticia judicial -, le “achicharraron” el cerebro. Mi hijo ingresó con un cuerpo y un cerebro físicamente sanos en la clínica y salió para regresar a casa condenado a muerte: no le dejaron ni la más mínima posibilidad de esperanza de salvación. Lo mataron señora de la Vega, lo asesinaron porque sabían que podían matarlo y no lo evitaron. Mi hijo era una persona sana, fuerte, inteligente, bondadosa, nunca había estado enfermo y lo mataron miserablemente a través de un engaño atroz, y este caso que ha escandalizado, incluso, a  la clase médica de dentro y fuera de nuestro país, para el “regimiento” de jueces que han juzgado el caso, está todo muy bien hecho. Es decir:

Desviar de la salud pública a la privada como sucedió – en la pública podía correr riesgos en la privada no -, no dar recibo ni comprobante de pago por la terapia que se tuvo que abonar antes de que ésta fuera aplicada, achicharrar el cerebro físicamente sano de un muchacho, acabar con su carrera, condenarlo a padecer sufrimientos inenarrables, terminar ciego, paralizado, condenarlo a padecer una muerte atroz, cruel, no sin antes haber tenido que pasar por una terrible operación en el Hospital del Mar para descomprimir el gran edema cerebral producto de la radiación y tenerle que extirpar un pedazo de cerebro quemado, todo con la buena intención de que su camino imparable e infernal hacia la muerte fuera lo menos doloroso posible, algo que desgraciadamente no se consiguió, TODO ESTO, ¡TODO!, señora de la Vega, para, repito, el “regimiento” de jueces que han juzgado este dramático caso, es actuar dentro de la “Lex artis”.

Todos los jueces que han intervenido, han mentido, han dicho auténticas barbaridades, han inventado hechos inexistentes, incluso han ignorado las declaraciones de los propios acusados que debería de haberles cavado su propia fosa para siempre, como decir que, aplicaron la radiación por el ojo clínico, que no avisaron del riesgo porque nadie se lo haría,  y que los rayos de vez en cuando dan una broma y si la dan es imprevisible, a lo que la señora Fiscal les preguntó, si creían que era un broma el que muriera una persona. Pero todo ha sido válido en estos juicios: han sido válidas sentencias que de aplicarse la justicia de verdad, los jueces que las han dictado deberían de estar en la cárcel.

El Juez José Mª Assalit Vives, el primero que juzgó el caso por la vía penal, inventa y dice, entre otras atrocidades: “Cabe llegar a una primera conclusión fáctica, el paciente sufría una enfermedad que debía ser tratada de forma agresiva. Es decir, mediante métodos que pudieran, incluso, comportar riesgos para su vida o su integridad física”. De existir un “Estado de Derecho” de verdad, este juez debería de haber sido encarcelado tan sólo por este párrafo, pues destila ideología nazi por cuatro costados, ya que los nazis eran los únicos que querían borrar de la faz de la tierra a todo aquel que pudiera presentar un problema psicológico o mental. Ni a un loco se le pueden aplican tratamientos que pueden terminar con su vida. Esto sólo lo hacían los nazis.

También inventa, que mi hijo “realizaba sus actos no controlando la mente”. Nunca una persona con neurosis obsesiva dejará de controlar su mente, son las que más tienen los pies en el suelo y las que más sentido de la lógica tienen, otra cosa es el sentido de la perfección o de la limpieza que cuando es fuerte angustia y hace perder el tiempo que se necesita para desarrollar con plenitud sus estudios o trabajo, por eso mi hijo se lo quiso solucionar. Pero es que, además, esto, el juez, lo dice refiriéndose al Servicio Militar cuando mi hijo tenía la responsabilidad de conducir un vehículo tipo tanque, como puede ver en las fotografías insertadas en mi “Testimonio”. En el cuartel necesitaban conductores y como que Arturo conducía muy bien, todo el tiempo que duró el servicio fue conductor de esos vehículos, aunque él había perdido entrar en la banda de música.
Es decir, el juez cambia maliciosamente la frase de la querella donde se dice que “Arturo era tan responsable de sus actos que no utilizaba ningún malestar que pudiera sentir para evadirse de sus responsabilidades”, por: “realizaba sus actos no controlando la mente”. He de aclarar que no existe ningún informe médico que diga tal cosa. Todo se lo invanta.

Una sarta de atrocidades que, desgraciadamente, han sido copiadas por los otros jueces, unos para proteger a los médicos y a la clínica y otros para protegerse a sí mismos y a sus “compañeros”. Y esto, a pesar de reconocer, los de la vía penal, que los médicos Guix y Rubio provocaron un edema cerebral de gran magnitud causante de su  muerte.

Las sentencias se han basado en que: “Cómo el paciente era una persona independiente que sabia escuchar a unos  y a otros para sacar luego sus propias conclusiones, se “presupone” que fue avisado del riesgo y que él lo aceptó”· Cuando a los jueces les parece, mi hijo “no controlaba la mente”, cuando les parece, era tan independiente que se presupone que él sabía a lo que se exponía. Sabe, ni aunque una persona pueda estar tan desesperada por su problema que esté dispuesta a aceptar cualquier cosa, nunca los médicos le “venderán”  un “producto” que le puede llevar a la muerte porque esto es de criminales.

Sentencias con grandes contrasentidos, enmarañadas además de provocadoras. Los Magistrados de la Audiencia – en unos de los recursos -, tienen el gran cinismo de comparar el horror que causaron a mi hijo, con la “infección rebelde que se puede derivar de una simple extracción dentaria”.
En este caso, incluso, se ha permitido que dictara sentencia la señora Maria Eugenia Alegret Burgues, actual Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuya amistad con uno de los acusados, el doctor  Guix, es bien conocida. Y sabe, el resultado de todo esto, es que, desde el Tribunal Supremo Sala Segunda de lo Penal, todavía nos intentan intimidar diciendo que podemos incurrir en el fraude de la ley por querellarnos contra los jueces y esto, a pesar de todas las pruebas que avalan nuestra razón.

Más de diecinueve años de lucha, casi veinte, más de veinte acciones judiciales llevadas a cabo entre querellas y recursos, todavía no ha terminado, como le he dicho, nos lo tienen retenido en el Supremo. No han dado valor a las pruebas, ni  declaraciones de los médicos que diagnosticaron la “lesión cerebral por radionecrosis diferida profunda e inoperables” quienes se mantuvieron firmen en su diagnóstico y se reafirmaron en que lo de mi hijo era una clara y grave negligencia. Así como la declaración del doctor Valverde, Jefe del Instituto Nacional de Toxicología quien estudió el cerebro de mi hijo y quien en las vistas orales del juicio declaró, alto y fuerte, que “las radiaciones ionizantes mal aplicadas matan y esto era lo que había sucedió con este muchacho”. Pero, sabe señora de la Vega, no me han perdonado que no aceptara el dinero que desde un principio me ofrecieron y que presentara querellas contra algunos de los jueces. Esta es la realidad del asunto. Todo se torció, a partir del momento en que el doctor Jordi Jornet Lozano, médico forense del Juzgado nº 8 de Barcelona, nos dijo, a mi abogado de entonces, Javier Selva y a mí, que si retirábamos la vía penal nos ayudaría, añadiendo que, pidiéramos muchos millones, cuantos más mejor que para eso pagaban ellos tanto dinero a las compañías aseguradoras. Como no quise aceptar su “oferta”, pues como digo, todo se torció. El doctor Jornet, en el juicio, en lugar de comportarse como perito judicial, se comportó como perito de parte, arremetiendo contra los médicos de mi parte, quienes diagnosticaron la lesión y atendieron a mi hijo hasta su muerte, dejándolos como verdaderos embusteros e incapacitados. Después de que quisiera comprar mi silencio, esto?... Fue vergonzoso, una canallada.
 
En su momento, en entrevista con el entonces presidente del Tribunal Constitucional señor Bereijo, quien tuvo la buena disposición de ayudarme porque mi caso le había impactado sobremanera y porque era lo peor que había oído nunca, y puesto que ellos no podían hacer nada por mi ya que yo pude acceder a juicio con todo el tiempo necesario pudiendo aportar pruebas y testimonio, otra cuestión era que la sentencia fuera injusta como así reconoció, me recomendó que acudiera  al  CGPJ, quienes eran competentes para revisar las sentencia y actuar en consecuencia. Seguimos su recomendación y una vez allí, el señor Ramón Sáez, Magistrado Vocal encargado de la Inspección de los Tribunales quien nos recibió, reconociendo la magnitud del daño y de la injusticia judicial, nos dijo que, “constitucionalmente” no podían hacer nada”, que recurriera a la vía civil porque la tenía ganada. La tenía ganada…!

Mi abogado, una noble persona, me dice que nunca ha visto tantos errores judiciales juntos. No son errores, señora de la Vega, es el trabajo de jueces que no sienten ningún respeto por la le ley ni por las personas que necesitan recurrir a la justicia, en mi caso, incluso, las sentencias son agresivas y provocadoras, no hay que extrañar pues, que mis escritos sean agresivos. Yo no soy de las personas que ponen la otra mejilla.

Pero lo triste y alarmante, es que no se trata de un caso ni de dos, son cientos de sentencias injustas que condenan a quienes las padece a vivir, como digo en la contraportada del “Testimonio” adjunto, en un profundo pozo de dolor, desesperación y miseria. Grandes indefensiones se padecen en un país que se autodefine como democrático y gran defensor de los derechos humanos. Es falso señora de la Vega que vivamos en plena democracia y en un auténtico “Estado de Derecho”, y lo será entretanto ustedes no quieran reconocer que la justicia falla y que el ciudadano está totalmente desprotegido; que aquello de que “la justicia es garante de nuestros derechos” es una falacia.

En el caso del joven Miguel, cuya sentencia no hace mucho tiempo se ha dictado después de pasados trece años de que se presentara, queda patente, una vez más, la falta de sensibilidad de algunos jueces.
 
Miguel es el hijo de mi querida compañera Carmen Flores, Presidenta de la Asociación el Defensor del Paciente, a la cual tengo el gusto de pertenecer desde su fundación.

Miguel ha sido víctima, desde jovencito, de un reguero de negligencias médicas para terminar con la “puntilla final” que lo ha dejado tetrapléjico; como un “muñeco roto”, como dice su madre. Sólo de verlo se te cae el alma al suelo.
Un medico, aparentemente buena persona, le animó e insistió para que se operara de una “siringiomelia”, puesto que de no hacerlo se podría quedar tetrapléjico y esto seria lo peor que le podría pasar en su vida. Después de estar un año pensándolo, ante la insistencia del médico y ante el temor de quedarse tetraplégico, se decide a operarse. Resultado, el medico toca lo que no debe y, él, si lo deja tetrapléjico. Cuando Miguel desesperado al darse cuenta de su situación le pregunta al médico que ha hecho con él, éste, le dice: “Puedes darme las gracias porque otros se me han quedado en la mesa de operaciones”. Añadiendo; “Y si me quieres denunciar será su palabra contra la mía”. Este médico ni una sola vez ha preguntado por Miguel, y Miguel vive una situación atroz, un calvario que sólo terminara con su muerte.  

Después de una gran batalla judicial, sí, se ha ganado. Y sabe señora de la Vega lo que considera la jueza que vale la juventud perdida de Miguel, todos sus sufrimientos, su vida, y tantos años de lucha, pues… dos millones de las antiguas pesetas y, esto, reconociendo el reguero de negligencias que le impidieron recuperar su salud. Pero, si algo vergonzoso se puede añadir a la actuación de algunos jueces, como es en el caso de esta señora, es que esta jueza, doña Inés Huerta Gaditano, se atreva a decir públicamente que, “quienes denunciamos las negligencias médicas encontramos una forma de enriquecernos”. Usted cree que estos son errores judiciales? No, señora de la Vega, esto es alevosía, es que en la justicia, como le ha dicho antes, hay muy mala gente, gente que no respeta la justicia ni los derechos humanos ni nada de nada, y mientras a este tipo de gente cruel, porque se necesita ser muy cruel para poder decir una cosa así, se le permita impartir justicia, será falso que vivamos en un autentico “Estado de Derecho”.

He de decirle que, a través de mi nueva campaña de información y denuncia en la que he enviado mi “TESTIMONIO” a distintos portavoces de los partidos políticos aquí, en el mismo “Congreso de los Diputados”, de la “Comisión de Peticiones” he recibido una buena respuesta referente a mi solicitud de que “se tomen medidas a favor de las víctimas de negligencias médicas y judiciales”. Como comprenderá, esta comunicación la agradezco en grado sumo, pero insito, si no se cambia el sistema judicial y se promulgan nuevas leyes para condenar a los jueces que violan las leyes que ellos mismos están obligados a  hacer cumplir, nada habrá cambiado. Si en los distintos órdenes de la vida, a la gente se la encarcela cuando comete un delito, ¿por qué no a los jueces que tienen más responsabilidad y por consiguiente el delito será  mayor?

A este respecto, quisiera recordarle un caso de violencia doméstica: Titular: “Un juez mata a su mujer y no entra en prisión”.
(El País, 25 de dic. del 97 y 15 de febrero del 98)
En la Nochebuena de 1989, el magistrado – (Jesús Ángel Guijarro)-, en el transcurso de una fuerte discusión le dio un puñetazo a su esposa quien resultó muerta.
La esposa fue enterrada como si hubiera fallecido de muerte natural. Pero 15 días después su padre dio un hachazo en la cabeza al magistrado. Éste hecho fue el desencadenante de la exhumación del cadáver y de los procesos posteriores.
El magistrado fue enjuiciado en la misma Audiencia en la que desempeñaba sus funciones judiciales. La sentencia que le condenó decía: “En casa de sus suegros, y en presencia de ellos, y de su hija de cinco años, (…) sin atender a razones y requerimientos de que dejara  la nochebuena en paz, (…) se atrevió a golpear a su esposa”.
El agresor fue condenado por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte y por malos tratos a un año de prisión menor y 15 días de arresto mayor. Evidentemente el magistrado no entró en la cárcel porque no tenía antecedentes.
Su señoría, después de los hechos, fue trasladado a la Audiencia Provincial de Madrid, lo que en su situación, viene a representar un ascenso.

Sabe, señora de la Vega lo que ha cambiando en estos años en que los jueces siguen estando protegidos igualmente sin entrar en la cárcel cuando deberían?, es que a los enfermos o familiares que, por su situación de salud, angustia, al no verse atendidos correctamente y temiendo por su vida, o por sufrir una negligencia se atreven a levantar la mano contre el médico, los meten en la cárcel. Creo que vale la pena reflexionar sobre estas cuestiones y sobre el “Estado de Derecho”.

No pretendo que lea usted toda la información que le adjunto, ya sé que es mucha, sólo que le de una mirada para darse cuenta de las grandes injusticias judiciales que padecemos algunos, muchos.

Como que en su página Web, en su biografía, informa de la relación política que mantuvo con el señor Belloch, Ministro de Justicia en su tiempo, me he permitido adjuntarle también, la carta que me envió contestando a mi petición de ayuda. Lamenté mucho que el Partido Socialista no fuera reelegido. No dudo, como dice en su misiva el señor Belloch, que, “hubiera puesto los medios para impedir que casos como el de mi hijo se repitieran”.

Como verá, adjunto, además, como muestra, copia de la carta enviada a los portavoces de los Partidos políticos, en este caso, al Portavoz de su propio partido.
También unos folletos que he elaborado recientemente.

Sin nada más y esperando no haberla molestado por mi forma de expresarme, le saluda con el máximo respeto,

                                                                                                Isabel Ferragut Pallach.